ARCHIVO – Protesta pacífica de raizales completó más de 130 días

octubre 21, 2020 7:08 pm

Por: Efraín Dawkins Sanmiguel

El pasado 3 de mayo, la comunidad raizal y sus organizaciones representativas, se tomaron de forma pacífica un predio aledaño a la Oficina de Control, Circulación y Residencia (Occre), que se había cedido al Departamento de Policía de San Andrés como parte de la construcción de una ‘edificación vacacional’ de dicha institución.

La bancada de líderes que encabeza Miss Corine Duffis, le solicitó al Gobierno Departamental y Nacional que se cumpla con las facultades otorgadas en el artículo 48 de la Ley 1551 de 2012, que establece “que las entidades públicas del orden nacional deberán ceder, mediante resolución administrativa a título gratuito a las entidades del orden municipal o distrital, en las cuales se hallen ubicados los bienes o los terrenos de su propiedad que actualmente estén destinados o tengan vocación de uso público o zonas de cesión”.

“Sería bueno que la Policía nos informe cómo consiguieron toda la propiedad en donde están construyendo unos ‘monstruos’ de edificios; hasta ahora van tres y pretenden construir una cuarta edificación”, dijo Miss Corine, denunciando que otros terrenos ubicados en los sectores de Sarie Bay y el barrio Obrero, no están siendo utilizados para los fines por los cuales fueron cedidos.

Para el momento en que los raizales se tomaron el predio, la gobernadora encargada, Sandra Howard, le solicitó al general Jorge Nieto, que se suspendiera cualquier tipo de acción sobre esos bienes hasta que se incluyeran las peticiones; en respuesta, director nacional de la Policía informó que ese terreno fue cedido a la entidad por la Intendencia Especial de San Andrés desde 1986.

Sin embargo, según el acuerdo intendencial No. 027 de diciembre de 1983, “se reserva la restitución del predio, si al transcurrir dos años calendarios a partir de la sanción del acuerdo, la entidad no ha construido edificación alguna”.

 

 


“El acuerdo intendencial fue claro: si en dos años no se ha construido nada, ya no se hará, y deberían devolver al municipio la propiedad”, aclaró Duffis.


 

 

Una resolución firmada por la Secretaría de Planeación, mediante Resolución No. 003340 del 11 de agosto de 2014, concedió la licencia que permitiría demoler y construir nuevamente el Comando de Policía del Departamento. Sin embargo, los líderes raizales continúan en la disputa por el predio que consideran debe ser regresado a la comunidad del archipiélago.

En carpas, sillas y con afiches en forma de protesta, el grupo de isleños ha vigilado sin descanso por más de cuatro meses el lugar.

 

(Artículo publicado en septiembre 18, de 2018 en El Espectador)


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